Denuncia Miguel Lechuga red de extorsion en el municipio de Santa Catarina
El diputado panista Miguel Lechuga denunció que en Santa Catarina ya no se trata de casos aislados de corrupción, sino de una estructura sistemática de abuso desde la administración municipal, donde elementos de tránsito estarían participando en actos de extorsión contra transportistas y ciudadanos.
“Lo que está pasando en Santa Catarina ya dejó de ser simple corrupción… ya es un sistema de saqueo. Estamos viendo tránsitos convertidos en cobradores y patrullas usadas para escoltar extorsiones. Y todo esto ocurre bajo el mando del mayor líder criminal que tiene Santa Catarina: el alcalde Jesús Nava”, declaró.
El legislador señaló que existen casos en los que ciudadanos han sido obligados a retirar dinero de cajeros automáticos para pagar mordidas, lo que (afirmó) confirma la existencia de una red organizada que opera con impunidad.
“Aquí no estamos hablando de una manzana podrida, estamos hablando de todo un sistema. Cuando obligas a un ciudadano a ir a un cajero para pagar una mordida, no hay duda: eso es una red de extorsión operando desde el gobierno”, afirmó.
Lechuga subrayó que el alcalde Jesús Nava no puede deslindarse de la situación, al considerar que existe responsabilidad directa o por omisión.
“El alcalde Jesús Nava ya no puede hacerse el que no sabe. O no tiene control sobre su policía o la está solapando. Y en cualquiera de los dos casos, es responsable”, sostuvo.
Ante este escenario, el diputado exigió la implementación inmediata de medidas de transparencia y rendición de cuentas, en particular el uso obligatorio de cámaras corporales para todos los elementos de tránsito y seguridad.
“Por eso estamos exigiendo que se implemente ya, sin pretextos, la ley de cámaras de solapa. Cada interacción tiene que quedar grabada. Porque donde no hay cámaras, hay impunidad… y donde hay impunidad, crece la corrupción que hoy tiene así a Santa Catarina”, puntualizó.
Finalmente, el legislador advirtió que, de no haber consecuencias, este tipo de prácticas continuarán afectando a ciudadanos.
“Hoy queda claro algo: el verdadero ‘operativo’ en Santa Catarina no es de tránsito… es de cobro ilegal. Y mientras no haya consecuencias, el alcalde va a seguir siendo cómplice, por acción o por omisión”, concluyó.