Propone Armida Serrato tipificar el delito de “remuneración ilícita”
La Diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar como delito la remuneración ilícita dentro del servicio público con sanciones de tres meses hasta 14 años de cárcel, tanto a quienes autorizan pagos indebidos como a quienes los reciben sin estar en el organigrama oficial.
Durante la presentación de la propuesta ante la Oficialía de Partes del Congreso local, la legisladora explicó que la propuesta busca poner un alto a prácticas recurrentes dentro del gobierno estatal, donde se otorgan sueldos de 100 mil pesos o más a ex titulares de dependencias que continúan percibiendo altos salarios, pese a ser removidos de sus cargos, así como la creación de posiciones no contempladas en la estructura legal del gobierno.
“Acabo de presentar una reforma al Código Penal para establecer que todos aquellos sueldos que el gobierno o el Estado pague y no están en ley o no se encuentran en un organigrama aprobado, sean considerados ilegales con sanciones que podrían ser desde los tres meses hasta los 14 años de pena en la cárcel”, explicó.
“En el Gobierno del Estado está el caso de Javier Navarro, que como ustedes saben era Secretario General de Gobierno, después, cuando le pidieron la renuncia le dieron una coordinación de un gabinete. Cuando se removió a la Secretaria de Educación, Sofialeticia, al día siguiente o a las horas apareció que ahora era una coordinadora de un área inexistente”, recordó.
La iniciativa contempla adicionar un Capítulo VIII al título décimo octavo denominado “Remuneración Ilícita” el cual contiene los artículos 223 Ter y 223 Ter I, todos del Código Penal para establecer sanciones que van desde los tres meses hasta los 14 años de prisión, dependiendo del monto del beneficio económico indebido. Además, establece que serán responsables no solo quienes autoricen el pago, sino también quienes lo soliciten y lo reciban.
Serrato Flores destacó que esta reforma responde a un mandato Constitucional vigente desde 2018, el cual establece que todas las remuneraciones de los servidores públicos deben estar debidamente reguladas. Sin embargo, advirtió que en la práctica se han detectado casos donde esta disposición no se cumple.
“Es importante dejar claro que la responsabilidad no debe recaer únicamente en los niveles más bajos. Esta reforma busca que se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de decisiones”, enfatizó.
La legisladora priista hizo un llamado a las autoridades a respetar el marco legal vigente para fortalecer la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en Nuevo León.